El istmo de la península de Cabo Verde en Senegal, una zona baja y pantanosa, está ocupado por los alrededores de Dakar. Actualmente es un espacio urbano y periurbano construido con poca planificación, utilizado principalmente para fines residenciales por los sectores más pobres de la metrópoli y para algunos usos agrícolas. Esta zona es extremadamente vulnerable ambientalmente, afrontando, entre otros, graves problemas de inundaciones, gestión de residuos y erosión costera, particularmente en su costa norte.

El Estado de Senegal lleva décadas intentando proteger esta costa norte utilizando una franja vegetal para proteger el sistema dunar, compuesta por plantaciones de casuarina equisetifolia. Esta franja ha sufrido recientemente un importante deterioro debido a la construcción de una carretera (VDN3) paralela a la costa. Este deterioro se agrava al sufrido durante décadas por el propio avance costero, la acción humana (tala ilegal, extracción legal e ilegal de arena), los asentamientos informales (con la expansión urbana) o el envejecimiento de las poblaciones.

La franja dunar es un área protegida y clasificada cuya gestión está a cargo del Dirección General de Aguas y Bosques, Caza y Conservación de Suelos del Ministerio de Medioambiente y Transición Ecológica de Senegal.

Debido a la degradación de la franja vegetal protectora y la pérdida de biodiversidad, se produce un desplazamiento y degradación del sistema dunar, lo que puede acelerar la erosión costera, lo que afectará otras actividades económicas de la región, como las actividades hortícolas al otro lado de la carretera. Debido a las limitaciones geográficas del territorio, esto representa un riesgo importante para las poblaciones costeras (departamentos de Guédiawaye y Keur Massar).

Esto motivó que, en el marco del Proyecto de Apoyo al Pacto de Alcaldes por el Clima en África Subsahariana (cofinanciado  y también implementado en Senegal por la AECID), las autoridades locales identifiquen esta problemática en el Estudio de Vulnerabilidad del proceso de planificación climática, incluirlos en su cartera de proyectos y que se haya realizado un estudio de viabilidad con el apoyo de TRAGSA S.A.

Este proyecto se financia mediante el PROTEC (Programa de Transición Ecológica) de la Agencia con un presupuesto de 350.000 euros que se implementará en 24 meses en la fase actual. Esta acción quiere contribuir de manera sostenible a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones afectadas, requisito esencial para un desarrollo sostenible.